Flujos y mercancías ilícitas
Los flujos ilícitos se entienden comúnmente como el tráfico de una mercancía ilícita, desde el origen hasta el destino, a lo largo de rutas establecidas.
Generalmente generados por la delincuencia organizada y facilitados por actividades delictivas, los flujos ilícitos implican el tránsito transfronterizo de mercancías ilegales hasta el punto de uso del que pueden emanar otros flujos ilícitos, apoyando, financiando o generando así otras actividades delictivas organizadas.
Los flujos ilícitos tienden a implicar productos tangibles y suponen el tráfico de mercancías ilícitas por ejemplo, fauna silvestre en peligro de extinción -marfil, escamas de pangolín, entre muchos otros-, drogas de la lista I o mercancías falsificadas o de mercancías lícitas traficadas ilícitamente, por ejemplo, mercancías cuyo comercio está estrictamente regulado, como armas, sustancias químicas precursoras, drogas de la lista II, instrumentos que pueden utilizarse para la tortura o facilitar la pena de muerte, o mercancías traficadas que implican fraude en el IVA.
Además, el desarrollo de la ciberglobalización ha influido profundamente en las actividades delictivas, dando lugar al desarrollo de otros flujos menos perceptibles, como las transferencias electrónicas de dinero y las transacciones y comunicaciones financieras a través de la web oscura. (UNTOC). Aunque existen legislaciones nacionales independientes, la norma clave que cubre la delincuencia organizada transfronteriza que alimenta el tráfico ilícito sigue siendo la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC).
En el contexto de un mundo cada vez más globalizado, que facilita la circulación de personas y sustancias, los grupos de delincuencia organizada han prosperado. En este contexto, es cada vez más importante hacer frente a los grupos delictivos reconociendo el carácter común de los delitos que cometen, las rutas que utilizan y la metodología que emplean; todos ellos son interdependientes, tienen la misma importancia y permiten que los flujos ilícitos existan de forma eficaz.
La globalización plantea muchos retos a las autoridades fronterizas, que tratan de equilibrar la seguridad nacional con una presión cada vez mayor para despachar rápidamente los bienes y mercancías a través de los controles aduaneros. Los grupos de delincuencia organizada son conscientes de ello y a menudo utilizan las empresas comerciales lícitas como medio para ocultar su actividad ilícita, por ejemplo, colocando drogas junto a cargamentos legítimos de fruta o marfil junto a envíos autorizados de madera.
Interrupción de los flujos ilícitos
Para interrumpir eficazmente los flujos ilícitos, las autoridades se basan a menudo en la elaboración de perfiles de riesgo y en el intercambio de información e inteligencia, con el fin de mantener un enfoque dirigido por la inteligencia hacia la actividad operativa fronteriza. Esto pone de manifiesto la necesidad de mejorar la red entre los agentes de la ley y las autoridades judiciales implicadas, para garantizar que se disponga de canales de comunicación y que se comparta la información operativa a nivel transregional para permitir la lucha eficaz contra la delincuencia organizada transnacional.
Al reconocer la naturaleza integrada de los flujos ilícitos, en lugar de centrarse en una sola mercancía o método, este tipo de enfoque amplía considerablemente el alcance de los recursos existentes, permitiendo un impacto más amplio en un espectro más extenso de la delincuencia organizada.
El Programa Global de Flujos Ilícitos opera en cuatro continentes e incluye varios proyectos que abordan el tráfico marítimo y aéreo, el suministro de drogas y el tráfico de armas. El programa también pretende apoyar las mejores prácticas en las investigaciones transregionales y los resultados forenses posteriores al decomiso para mejorar la capacidad de respuesta a los problemas. Además, complementa otras ayudas de la UE destinadas a frenar el tráfico de seres humanos, de fauna y flora silvestres o de minerales, y refuerza la respuesta de la Unión Europea a los flujos ilícitos de múltiples productos dirigidos por organizaciones delictivas, que amenazan el bienestar económico y social nacional e internacional de todos los ciudadanos.