Ley de drogas por país: legislaciones nacionales y penas comparadas

Cómo llega el derecho internacional de control de drogas a la ley nacional

Cuatro instrumentos de las Naciones Unidas se sitúan por encima de las leyes nacionales reunidas aquí. El Convenio de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas obliga a las partes a tipificar el tráfico, el cultivo con fines de tráfico y el blanqueo de su producto, y aporta la base jurídica de la entrega vigilada. La Convención de 2000 contra la delincuencia organizada transnacional añade los delitos de organización —participación en un grupo delictivo organizado, obstrucción de la justicia— y la maquinaria de la asistencia judicial recíproca. Su Protocolo sobre armas de fuego aporta las exigencias de marcado, llevanza de registros y autorización para las armas pequeñas. La Convención contra la corrupción alcanza las conductas de los funcionarios que en la práctica hacen fracasar a las otras tres.

Ninguno de los cuatro es de aplicación directa. Un Estado que ratifica se compromete a legislar, y hasta que lo haga no existe delito alguno que una fiscalía pueda invocar. Ese es el punto en el que la obligación internacional y el delito interno se separan, y la razón por la que la ley de drogas de un país no se lee en un cuadro de ratificaciones. Cada expediente nombra, por tanto, el instrumento nacional por separado, con el registro frente al que se confirmó, en lugar de tratar la posición convencional como sustituto del derecho interno.

Cobertura de los convenios comparada en 106 jurisdicciones

La posición convencional es la capa mejor establecida del conjunto de datos, porque tiene una fuente única y con autoridad: los cuadros de situación del depositario. Es también la que menos discrimina —81 de las 106 jurisdicciones son parte de los cuatro instrumentos— con una excepción, y esa excepción es instructiva.

El Protocolo sobre armas de fuego es el único instrumento que presenta una brecha de ratificación sustancial, y es por tanto el único cuyo dato convencional separa realmente a las jurisdicciones. Una jurisdicción que no está en él no tiene obligación convencional alguna de marcar las armas en la fabricación o en la importación, de llevar registros de transferencia, ni de autorizar cada transferencia, lo que significa que un arma que la atraviese puede perder su historial documentado sin que se infrinja ninguna regla. Las consecuencias se exponen en tráfico de armas.

De dónde viene cada expediente

Tres capas, tres caminos de documentación. Las fechas de ratificación vienen de los cuadros de situación del depositario de las Naciones Unidas. La situación de supervisión viene de las dos declaraciones del GAFI, leídas íntegramente en lugar de resumirse a partir de sus titulares. Los instrumentos nacionales —91 de los 106 expedientes llevan al menos uno— vienen de registros oficiales, portales legislativos, repositorios parlamentarios, boletines oficiales y de la biblioteca jurídica de la UNODC, cada uno citado con su fecha de verificación.

Lo que este conjunto de datos no hace es igual de importante: no publica ninguna estimación agregada de volumen o de valor, ninguna lista de participantes en un programa, y ningún título de ley que un registro no confirme. Las reglas aplicadas se exponen en fuentes y metodología.

Ley de drogas por país: el índice completo

Los 106 expedientes, agrupados por región. El nivel indica el camino de documentación, no la calidad del derecho: el nivel A lleva un instrumento nacional confirmado, el nivel B una posición convencional confirmada sin instrumento citable, y el nivel C un territorio vinculado por extensión.

Preguntas sobre este conjunto de datos